Fernando Carrillo aseguró que el tribunal excede sus facultades al solicitar las pruebas del ex guerrillero presuntamente involucrado en narcotráfico.

Al pulso que existía entre la Fiscalía y la JEP acaba de entrar otro jugador: la Procuraduría. La entidad que dirige Fernando Carrillo se pronunció este jueves en la mañana sobre ese debate. Para el Ministerio Público, la JEP se está excediendo en sus competencias pues «las pruebas que solicita deben estar dirigidas a verificar que los hechos por los que Santrich es solicitado en extradición se hayan cometido antes de la firma de los Acuerdos de Paz».

En un recurso de reposición que se presentó ante la Sala de Revisión del Tribunal para la Paz, el Ministerio Público aseguró que el Tribunal de Paz sí puede pedir pruebas, pero solo para verificar que los hechos por los que Santrich es solicitado en extradición se cometieron antes de la firma de los Acuerdos de Paz. Como se sabe, si la fecha fue anterior, el ex líder de las Farc no podría ser extraditado.

La entidad hizo enfasis en que el indicment en que se solicita en extradición a Jesús Santrich, goza de presunción de legalidad y que la valoración de las pruebas en las que se apoya la acusación le corresponde a una autoridad judicial de EEUU y no a la Jurisdicción Especial para la Paz.

“El fortalecimiento de la Jurisdicción Especial de Paz -JEP -, se consolida cerrando filas para evitar que colados puedan hacer uso arbitrario de beneficios a los que no tienen derecho, y en el blindaje a sus procedimientos para evitar extra limitación de funciones, para que se precisen las atribuciones de sus órganos en armonía con las autoridades estatales y las instituciones de derecho internacional”, dijo Fernando Carrillo.

La solicitud que hizo la JEP de las pruebas sobre el caso Santrich encendió un enorme debate jurídico y político. La discusión de fondo es muy importante para el futuro del proceso de paz. En últimas lo que se está decidiendo es si contra los miembros de la desmovilizada Farc se pueden tomar medidas como la extradición a Estados Unidos.

El acuerdo de paz había sido claro en excluir ese destino para los miembros de esa guerrilla. Sin embargo, había dejado la salvedad de que los delitos que se cometieran después de la firma del acuerdo no quedarían con este beneficio. El caso de Santrich ejemplifica la dificultad de llevar este debate a la práctica. El líder de esa guerrilla fue capturado hace seis meses por la Fiscalía atendiendo una solicitud de la DEA. La JEP tiene la primera voz para determinar si ese caso deben asumirlo ellos en la justicia transicional, caso en el cual no habría extradición, o si lo debe pasar directamente a la justicia ordinaria que enviará a Santrich directamente a Estados Unidos.

La JEP le pidió a la Fiscalía que le dejara conocer las pruebas que tiene ese país contra Santrich. Sin embargo, no es usual que el gobierno norteamericano exponga esos documentos, videos o grabaciones a Colombia. Con el simple pedido en extradición el proceso comienza. La JEP asegura que lo que está en juego es muy importante como para no verificar los hechos de fondo y que necesita conocer ese expediente para poder pronunciarse sobre el caso.

Esta semana, la divulgación de unas interceptaciones de su caso que estarían en poder de la Fiscalía, produjo una breve pero fuerte carta de Santrich desde prisión al fiscal general. “Deja de ser farsante”, le escribió. Agregó que desde el búnker se está creando una trampa contra él.

Néstor Humberto Martínez le contestó. “Yo no le respondo a la gente que está en la cárcel”, señaló apenas, tras recalcar que las pruebas en cuestión “ahí están completas” y evidenciarían que Santrich estaba en negocios de narcotráfico.

Para comprender la trascendencia y origen de los audios que circularon esta semana hay que remontarse seis meses atrás. La captura del exjefe de las Farc obedeció a que una corte del Distrito Sur de Nueva York lo requiere en extradición para ser juzgado por supuestamente hacer parte de una red que conspiró para exportar cocaína a ese país.