Más de 10.000 personas están sin luz tras atentado en el Cauca

Habitantes de la zona rural de los municipios de Toribío y Jambaló, permanecen afectados.

La Compañía Energética de Occidente, empresa encargada de la prestación del servicio de energía en el departamento del Cauca, señaló que en 60 días, son dos los atentados que se han registrado contra la infraestructura eléctrica en el norte del departamento.

En uno de los últimos hechos registrados durante este fin de semana en zona rural de Toribío, nuevamente se presentó un atentado contra postes de energía que habían sido remplazados por personal operativo, dejando sin el servicio a más de 10 mil habitantes de la zona rural de esta población y comunidad de la parte alta de Jambaló.

“Durante el fin de semana, CEO implementó un riguroso plan de contingencia en Toribío, con un cronograma de restablecimiento que se desarrolló durante los tres días y que inició el pasado sábado con el envío de materiales a Santander de Quilichao.

Asimismo se desmontaron cuatro de las estructuras afectadas y el lunes festivo se realizó el montaje de nuevos postes, acondicionamiento de estructuras existentes logrando la normalización del servicio. No obstante, la comunidad le advirtió a las brigadas nuevas amenazas contra la infraestructura”, explicó la compañía a través de un comunicado.

De igual manera el gerente de la empresa, Omar Serrano Rueda, afirmó que hay grupos al margen de la ley detrás de los hechos.

“En estas zonas es imposible acceder a prestar un servicio normal, porque el acceso está restringido por los grupos al margen de la ley. Nosotros le estamos pidiendo en repetidas ocasiones al Gobierno Nacional que ejerza un control territorial en estas zonas, ya que para estas actividades ilegales usan las redes de energía para el proceso de producción de cultivos hidropónicos como lo dice el señor Fiscal”, indicó el gerente general.

De acuerdo a la cifras de la CEO, en lo corrido del año 2018, en la zona norte del departamento se han presentado continuos atentados a la infraestructura, retención de personal, vehículos y recientemente el asesinato de uno de los técnicos que laboraba en el municipio de Corinto, por lo que se han interpuesto ante los organismos competentes, 29 denuncias relacionadas con las restricciones a la operación.

Por último se ha indicado que hasta que no existan medidas de seguridad, el personal operativo no se va a desplazar al lugar para reparar los daños.

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