Ese municipio del nordeste antioqueño fue escenario de una cruenta masacre por parte de paramilitares, como represalia por la abultada votación que obtuvo la Unión Patriótica en las elecciones locales de 1986. En actual época de tránsito hacia el posconflicto, claman por el cumplimiento del Acuerdo Final, pero la violencia sigue enquistada.
Alrededor de 400 personas, entre familiares de las 46 víctimas que dejó la incursión paramilitar, organizaciones sociales, entidades estatales, segovianos y vecinos de las veredas, realizaron este domingo el mismo recorrido que hace 30 años hicieron los hombres armados que arremetieron con barbarie contra la población del casco urbano. Fue una marcha carente de arengas, en donde la memoria, vestida de blanco y empoderada con pancartas, flores, banderas y lazos, se encargó de hablar.
El recorrido partió del parque del barrio La Madre, en donde cayeron las primeras víctimas. Tuvo cuatro estaciones más, pasando por un bar donde fue arrojada una granada, y terminó en el parque central, escenario principal de la conmemoración, en donde se celebró una homilía, se realizaron diferentes actos simbólicos y se desarrolló un foro con representantes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad.
En cada uno de esos cinco puntos, los familiares de las víctimas hicieron un recuento de los hechos que los embarga de luto y recordaron a sus seres queridos. La marcha estuvo acompañada por dos bandas musicales y una trompeta fue tocada después de la intervención de cada familiar. La consigna de esta conmemoración fue La verdad, un camino hacia la reconciliación. Nunca más una masacre en Segovia.
Y se hizo latente a lo largo de toda la jornada, en donde las víctimas expresaron su sentir y sus necesidades. “La gente no sólo necesita comida, necesita paz y tranquilidad”, exclamó una mujer de tez morena tras evocar a su familiar. Otra recordó a uno de los niños que padecieron en la masacre: “Acá quedaron Diana María Vélez, de 18 años, y Francisco William Gómez, de 10 años. El niño tuvo una premonición una semana antes de la masacre, soñó lo que iba a pasar y lo dibujó”.
Para Diana*, integrante de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), una de las organizaciones que apoyó la realización de la conmemoración y trabajó con los familiares de las víctimas en su planeación, el propósito fundamental de ese evento fue que no se pierda la memoria y no se olviden los problemas estructurales de la época que llevaron a que se ejecutara la masacre.
“Escuchando los relatos de las familias, creen que se han desdibujado los hechos y que no se sabe quiénes eran realmente las víctimas. En el imaginario de la sociedad está que hacían parte de la UP y que era el brazo político de las Farc, por lo que merecían morir, que eran guerrilleros, y hay todo un estigma”, explicó.
Por esa razón, los mensajes de los familiares en las cinco estaciones de la caminata, que ellos mismos escogieron por su importancia, se centraron en mostrar quiénes eran sus seres queridos y su cotidianidad: “Podrían ser militantes o simpatizantes de la UP, pero eso no nada pie para que los asesinaran porque era una alternativa política. Ellos quieren recordar a sus seres queridos como seres humanos; que tenían una familia y que alrededor de ellos giraban lo político y otros sentidos de los que no se habla”.
La jornada culminó con el foro La verdad y la justicia son la esperanza de Segovia, en donde las víctimas les expresaron sus inquietudes, inconformidades y necesidades a dos representantes de la JEP y de la Comisión de la Verdad. Las funcionarias del sistema de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, que se creó con motivo de la implementación del Acuerdo Final al que llegaron el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014/2014-2018) y la otrora guerrilla de las Farc para ponerle fin a una confrontación armada de 53 años, expresaron la importancia y la centralidad que tendrán en sus decisiones quienes padecieron los efectos de la guerra.
Por parte de la JEP estuvo presente la magistrada Reinere Jaramillo, quien expresó que la apuesta principal de esa magistratura es dictar sentencias que desarrollen un enfoque territorial, mostrando qué pasó en las regiones del país, y “contribuir de manera adecuada al cierre efectivo del conflicto armado”.
En representación de la Comisión de la Verdad acudió Mónica Herrera, una de sus asesoras, quien destacó que esa naciente entidad escuchará en terreno a las víctimas y que es importante garantizar medidas de no repetición de la violencia. “La Comisión de la Verdad se centra en la participación de las víctimas y la sociedad, se debe lograr una movilización que busque esclarecer escuchar y comprender múltiples voces”, reiteró.
Los hechos que llenaron de dolor a Segovia no sólo fueron recordados en ese municipio. Un día antes, el pasado sábado, también se realizó una conmemoración en el Museo Casa de la Memoria de Medellín. En la capital antioqueña se dieron cita alrededor de 110 personas para hacer rituales de memoria y exigir que se respeten los derechos de las víctimas.
Ramiro*, integrante de la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño (Asovisna), uno de los organizadores del evento, explicó que desde 1989 están conmemorando esa tragedia segoviana porque desde un comienzo han buscado la no repetición de la violencia.
“Son 29 años manteniendo la memoria viva y la conmemoración de ayer se llamó 30 años en Búsqueda de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Los recordatorios no sólo fueron mencionar a las víctimas, sino clamar para que en este país verdaderamente haya garantías de no repetición; que haya justicia no sólo punitiva, sino una justicia en relación con las víctimas, en donde no se oprima más a las personas que fueron victimizadas”, explicó.
Anteriormente esa asociación era conocida como el Comité de Derechos Humanos de Segovia, Remedios y Nordeste, pero en 2013 pasó a ser Asovisna. Entre las exigencias que realizaron, tres décadas después, aún se encuentra el saber por qué se cometieron esas atrocidades. “Las exigencias se centraron en la justicia y la no repetición. Este conflicto ha sido muy duro, sobre todo para las comunidades que estuvieron alejadas de las grandes ciudades. La gente de las periferias y de los pueblos fueron los que vivieron y sufrieron todo el desarrollo de esta guerra, y la verdad es una herramienta para la paz y la reconciliación”, insistió.
30 años atrás
Una placa de mármol instalada en el parque central mantiene lúcido el recuerdo de lo ocurrido: “Poco antes de las 7 de la noche del viernes 11 de noviembre de 1988, tres camperos irrumpieron en las calles de Segovia. De los vehículos se bajaron varios sujetos luciendo prendas militares, que inmediatamente descargaron indiscriminadamente ráfagas de sus fusiles automáticos contra la población inerme. Días antes de la masacre, las calles de Segovia fueron inundadas con panfletos intimidatorios que alertaban de la muerte a líderes sociales y dirigentes políticos, especialmente a los miembros de la Unión Patriótica”.
Y concluye resaltado que parte de las muertes ocurrieron al frente del comando de Policía y de la base militar del municipio, en donde 43 personas fueron asesinadas bajo la mirada pasiva de los uniformados, quienes tampoco desplegaron un operativo de persecución de los victimarios.
El paso del tiempo develó que esa masacre fue producto de la alianza entre un cacique político regional, grupos paramilitares y funcionarios corruptos de la Fuerza Pública. Tras la apertura democrática que permitió la elección popular de alcaldes y en medio de los diálogos de paz del gobierno de Belisario Betancur con las Farc, se creó el partido Unión Patriótica (UP), que aglutinó guerrilleros desmovilizados y movimientos sociales.
En las elecciones de 1986, la UP se alzó victoriosa en varios municipios de Antioquia y obtuvo las alcaldías de Apartadó, Mutatá, Remedios, Yondó y Segovia; además, logró seis de las diez curules de los concejos municipales de Segovia y Remedios, razón por la cual sus habitantes fueron señalados de guerrilleros y comunistas. (Leer más en: Exterminio de la UP fue un genocidio político)
Producto de esa estigmatización y del avance de grupos paramilitares en Antioquia y el Magdalena Medio, al frente de Fidel Castaño Gil y de Henry Pérez, respectivamente, se creó el grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), asesinó en total a 46 personas y no a 43 en esa masacre de Segovia, la cual además dejó “sesenta personas heridas y familias desplazadas, incluyendo a la alcaldesa de la UP en ese entonces, Rita Ivonne Tobón Areiza, quien se encuentra en el exilio”.
Sobre el grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste, el CNMH estableció que “nunca existió como un grupo paramilitar autónomo y diferenciado, se trató más bien de una etiqueta que enmascaró una empresa criminal que operó dentro del Batallón Bomboná en la región. Fueron los militares de esta unidad militar los que elaboraron los comunicados, los que pintaron los grafitis y los que enviaron las amenazas del MRN. En consecuencia, el MRN nunca fue un grupo armado sino más bien una suma de acciones militares encubiertas que fueron presentadas como acciones paramilitares”.
Con base en las declaraciones de Alonso de Jesús Baquero, alias ‘El Negro Vladimir’, la Corte Suprema de Justicia condenó a 30 años de prisión a César Pérez García, antiguo cacique político de la región y congresista histórico de la Partido Liberal, como autor intelectual.
Con ese testimonio, evaluando otras pruebas y teniendo en cuenta las versiones de importantes jefes de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), como Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, y Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, la Corte estableció que la masacre hizo parte del plan de exterminio contra la UP, que para esa época le ganó las elecciones locales al Partido Liberal en los municipios de Segovia y Remedios, en donde Pérez García tenía su fortín electoral. (Leer más en: César Pérez condenado a 30 años por la masacre de Segovia)
‘El Negro Vladimir’, quien fue el jefe paramilitar de la región, relató que, en una reunión de Pérez García con Fidel Castaño y Henry Pérez, la cual fue grabada, se estableció cometer la masacre. Declaró que el político “estaba desesperado porque estaba perdiendo las elecciones con la UP”; y “le pidió a Fidel Castaño que sacara a la UP de Segovia, Fidel Castaño lo conectó con Henry Pérez y ya ellos en reunión explicaron los motivos para la masacre”. (Leer más en: ‘El Negro Vladimir’ dijo que César Pérez instigó masacre de Segovia)
La justicia también ha obrado en el juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública relacionados con la masacre. La Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia condenó a seis uniformados, entre ellos al coronel Alejandro Londoño Tamayo, entonces comandante del Batallón Bomboná; al mayor Marco Hernando Báez, quien estuvo a cargo de la comandancia del batallón el día de la masacre; y al capitán Jorge Eliécer Chacón, comandante de Policía de Segovia de la época; además de dos civiles. Esa sentencia fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia el 25 de octubre de 2001. (Descargar sentencia)
Por otro lado, Manuel Salvador Betancur, procurador Delegado para las Fuerzas Militares, quien formuló pliego de cargos contra dichos comandantes por no repeler el ataque paramilitar, estableció que el mayor Báez, encargado en ese momento del Batallón Bomboná, tenía a su cargo 13 suboficiales y 111 soldados, y “no tomó ninguna medida para contrarrestar el ataque de que era víctima inerme el pueblo segoviano”. Y que Chacón, quien tenía a su disposición un suboficial y 15 agentes de Policía, tampoco “dio ninguna orden para que su personal enfrentara ni mucho menos persiguiera a los atacantes”, que no superaban la docena. (Leer más en: Policías y paramilitares implicados en masacre de Segovia de 1988)
Por otro lado, en el juicio a César Pérez García, el Ministerio Público también reveló otro hallazgo: que además de agentes de la Fuerza Pública, la masacre contó con la colaboración de personal de la empresa Frontino Gold Mines. “La multinacional fue cómplice de manera inconcebible en estos hechos”, señaló la Procuraduría, pues se comprobó que en su sede se elaboraron los panfletos que circularon en Segovia días antes de la matanza. (Leer más en: Fuerza Pública y una multinacional, aliados en masacre de Segovia)
Incertidumbre del presente
Aunque la justicia ha obrado contra los responsables y cómplices de la masacre, las víctimas no han sido reparadas satisfactoriamente por los daños causados. “Piden reparación integral y que no sólo le ‘paguen’ a su muerto, que le den atención psicosocial, que se sepa la verdad, que haya justicia y garantías de no repetición”, explica Diana, de Cahucopana.
En ese sentido, Ramiro recuerda que hace dos años el gobierno nacional pidió perdón por la masacre, en cumplimiento de acuerdo alcanzado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con 33 familias de las víctimas, pero la indemnización no ha sido ejecutada aún.
“Hasta el momento no se ha reparado económicamente a las víctimas. Nos preguntan qué vamos a hacer, y nosotros no podemos responderles. Llegó un pool de abogados de Medellín y logró un acuerdo con el anterior gobierno, y la gente sigue esperando ese dinerito para mejorar su calidad de vida”, explica el integrante de Asovisna, quien agrega que otras víctimas están esperando la reparación vía administrativa, cuya vigencia va hasta 2021.
Pero más allá de la reparación, la mayor preocupación de los sobrevivientes de la masacre y de las comunidades del nordeste antioqueño es que se cumplan las garantías de no repetición de la violencia, pues tras la dejación de armas de la guerrilla de las Farc, en cumplimiento del Acuerdo de Paz, nuevos actores armados rondan sus antiguos territorios y la violencia se ha mantenido por disputas ligadas tráfico de drogas.
“Antes de la dejación de armas había calma en ciertos aspectos, pero ahora se incrementó la inseguridad, hay encapuchados en las veredas, hay microtráfico disparado a niveles alarmantes. Las problemáticas sociales que antes no estaban, se empezaron a evidenciar. Hay grupos paramilitares y en el trascurso del año han sido asesinadas nueve personas. Las autoridades hablan de investigaciones, pero no dan resultados”, cuenta con angustia Diana.
Y agrega que “en días pasados encapuchados requisaron una vivienda en una vereda de Remedios y hay desplazados. Nadie toma la vocería y nadie sabe qué pasa. En Segovia han bajado los asesinatos, pero en un sólo día asesinaron a siete, en disputa de bandas de microtráfico y grupos paramilitares. Sigue habiendo miedo y estigmatización. La paz no llegó en los términos que esperaban los campesinos”.
De los nuevos grupos armados no se conoce mayor información, pues utilizan diferentes nombres, según la entrevistada: “El más reciente fue el de los Héroes del Nordeste. Sabemos que son grupos paramilitares, pero se han ido camuflando con nuevos nombres y también se habla de delincuencia común”. Esa situación ha generado temor en las organizaciones de derechos humanos, pues no saben cómo deben actuar y moverse en la región por la presencia de los encapuchados. (Leer más en: Segovia y Remedios, siguen en medio de la guerra)
Una visión similar tiene Ramiro: “Llegaron nuevos actores. No se hace mucha bulla porque se ha mirado más la región Norte de Antioquia. Hay unos actores que, si bien no tienen la operatividad que tuvieron las antiguas autodefensas, en concentración de hombres y acciones contra la población, ahora lo hacen es de civil. Pero sigue ese ciclo de violencia, de asesinatos. Sea quien fuera, por el motivo que sea, no justificamos una muerte violenta más”. (Leer más en: Segovia y Remedios, asediados por ‘gaitanistas’ y guerrilla del Eln)
Por otro lado, el desarrollo territorial del que habla el Acuerdo de Paz aún no es palpable. “La inversión que se había pensado en el territorio nunca llegó. Hicieron menos de un kilómetro de pavimento en algunas veredas y ese fue el aporte que se hizo desde de la administración municipal con recursos de los acuerdos. En Remedios se han hecho muchos talleres con la Alcaldía: van, se recoge información, se organizan las comunidades para ver cómo se destinan recursos para la implementación, pero no se está dando; y llegan cosas mínimas que no necesitan las comunidades, como un parque de madera o una cancha. La comunidad necesita salud, vías de transporte aptas, educación…”, indica Diana.
Sin embargo, las esperanzas siguen puestas en la nueva institucionalidad de la justicia transicional, no sólo por la masacre de Segovia, sino por todos los hechos que han golpeado al nordeste antioqueño. Por esa razón, Ramiro señala que la mayor cuota de responsabilidad recae en el Estado, más que en la propia JEP y la Comisión de la Verdad, “pues depende de su voluntad para que esta nueva institucionalidad y la justicia transicional puedan desarrollar sus funciones sin estrobos y sin trabas, porque aquí se necesita la verdad, ya que podría sanar las heridas del conflicto”.
