De acusadores a acusados
El triunfo de las instituciones
Pocas veces en las décadas recientes se había dado un debate de tal dimensión en el Congreso como el convocado esta semana contra el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por el caso Odebrecht. Como el Fiscal había sido invitado y no citado, puesto que el Senado no tiene atribuciones de control político sobre la rama judicial, se pensó que de nuevo el funcionario no asistiría y menos aun cuando la convocatoria se anunciaba como un convite al cadalso del cual inevitablemente rodaría su cabeza o cuando menos se suscitaría su renuncia atropellada ante el pleno parlamentario.
Al final del debate había sucedido lo contrario. El Fiscal no solo asistió, sino que respondió uno a uno, extensa y convincentemente, además con elementos probatorios fehacientes a la mano, los cargos que los más renombrados parlamentarios de la izquierda le habían endilgado en las últimas semanas y sobre los cuales su defensa se había asordinado bajo el expediente de ser culpable de antemano, sin tampoco escuchar lo que, aunque fuera en lo más mínimo, tenía que decir al respecto por cuanto, palabras más palabras menos, en su ser no podía verse ni siquiera el insondable abismo de su alma. Cualquiera fuera el epíteto utilizado, haciendo gala de un sinnúmero de ellos, el fin era el mismo, es decir, deslegitimarlo y tratar de quitarle piso a sus investigaciones. Lo que a la larga no podía más que acaso favorecer a los imputados por la Fiscalía y en última ratio mejorar el espectro judicial de la mismísima multinacional carioca ya que, acomodados en los mullidos canapés frente al debate televisado, sus oficiales debían estar regocijándose con la defenestración del único Fiscal latinoamericano que en buena hora no había aceptado someterse a la inmunidad penal de los directivos de la compañía corrupta, pactada por todos los demás países del continente con la Fiscalía brasileña. O sea aquel que, en compañía de la Procuraduría General de la Nación, había velado por el interés nacional de continuar las pesquisas a Odebrecht, más allá de las pútridas y recortadas confesiones de su Presidente ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por lo menos frente al caso colombiano, y hacer valer las instituciones del país por encima de los arreglos internacionales que de algún modo habían llevado al “tapen, tapen” de aquellas conductas ilícitas que no hubieran sido cobijadas por el principio de oportunidad de los operadores norteamericanos.
De suyo, el mismo Fiscal denunció una conspiración de carácter internacional, con brazo en los Estados Unidos y con mención del Presidente del BID, para favorecer a su primo hermano, el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, en prisión por un juez de garantías e imputado en uno de los casos de la compañía donde Odebrecht era el socio mayoritario. Los denunciados sacaron comunicados, pero no le contestaron directamente al Fiscal.
Total, la discusión se zanjó por donde principalmente se zanjan las disputas políticas en una democracia: el Congreso. Y allí, como suele decirse, los que fueron por lana salieron trasquilados. Porque aquello que habían anunciado como “el debate del siglo”, convencidos de un triunfo político por anticipado, terminó revirtiéndose como un bumerán. Ya no solo fue entonces la defensa que el Fiscal hizo de sus actuaciones y las de sus colaboradores judiciales, así como de la confianza de la familia Pizano Ponce de León en sus actividades para develar los acontecimientos trágicos de los últimos días, sino el pasmo nacional al recordar que los pontífices de la algarabía contra él eran precisamente aquellos que habían llevado, bajo la insignia del Polo Democrático, a Samuel Moreno a la Alcaldía de Bogotá en cuya administración, no solo se hizo “trizas” el presupuesto capitalino en las conocidas maniobras de corrupción, sino precisamente se configuró el primer envión fraudulento de Odebrecht en el conector Tunjuelo-Canoas que actualmente se investiga por acción de las autoridades colombianas. Y todavía peor sorprendió, corrido el debate, que uno de los mismos citadores, también exalcalde de Bogotá, y excandidato a la Presidencia, apareciera en un video recibiendo financiación contante y sonante de quien aparentemente, a más veras, sería más tarde contratista de la famosa máquina tapa-huecos, con todo y lo que ello significó de lesión enorme en las arcas distritales durante su mandato. Levantada reglamentariamente la sesión por la amenaza de zambra, luego la explicación del denunciado fue aún peor, puesto que trató de involucrar a un acreditado arquitecto en un supuesto préstamo en efectivo que este de inmediato aseguró jamás haber otorgado.
Así las cosas, en los ecos del debate, los que a todas luces habían salido derrotados echaron mano a los recursos manidos de quienes saben que no les fue bien. En tanto, la Corte Suprema de Justicia aceptó nombrar un Fiscal-Ad hoc, a solicitud del propio Fiscal General y de la Vicefiscal, pero solo para tres casos de las 100 operaciones que se investigan en Odebrecht. Al final, tras las maniobras de desestabilización, ganaron las instituciones: ganó la Fiscalía, ganó el Congreso y ganó la soberanía colombiana.
