Hoy está prevista una reunión entre varias autoridades de Nariño, el Ejército, Migración Colombia y otras, para planear medidas de respuesta frente a la advertencia que hace 10 días hizo la Defensoría del Pueblo sobre lo que ocurre en Cumbitara, Policarpa, Leiva y El Rosario en la subregión de la cordillera, al norte de Nariño.

Esta es la tercera vez en menos de un año en que la Defensoría advierte de la difícil situación de orden público que existe en esta zona, que lleva 10 combates este año entre Ejército y grupos ilegales, una masacre, tres intentos de reclutamiento de menores y el aumento de asesinatos en los cuatro municipios.

La Silla Pacífico revisó las 36 páginas de la Alerta y corroboramos la información con fuentes en terreno para conocer la gravedad de la situación. Encontramos que en esta zona está creciendo una disidencia aliada al líder disidente del Sur, Gentil Duarte; que las economías ilegales están en crecimiento y que hay hasta asentamientos de venezolanos en una región que no es ruta migratoria.

El frente Estiven González sí está creciendo y es el aliado de Gentil Duarte en la zona.

La Alerta de la Defensoría confirma el crecimiento del frente Estiven González (FEG), una autodenominada disidencia de las Farc que arrancó a sonar en abril de este año, cuando se conoció un video de un grupo donde personas uniformadas aseguraban integrar dicho grupo y operar en el norte de Nariño.

En ese momento las autoridades nos dijeron que la disidencia no la integraban más de 30 hombres y no eran una amenaza mayor.

Pero lo que revela la Alerta y reportería en los cuatro municipios de la zona indica que sí han crecido, hasta llegar a tener 250 hombres aproximadamente, según una fuente humanitaria. Esa cifra no la pudimos confirmar con el Ejército, porque nos dijeron que no era posible dar ese tipo de información por celular.

El FEG está integrado por exintegrantes del Frente 29 de las Farc y de la Columna Móvil Mariscal Sucre y de otras disidencias más pequeñas como los de Sábalo y los de Vaca, que eran liderados por Julio Melquisedes alias La Vaca, un exmando del Frente 29 que sí se desmovilizó pero reincidió y fue asesinado, como contamos acá y estaría al mando de ‘Sábalo’ un exintegrante del Frente 29 que habría sido un hombre de confianza de Ramiro Cortés, el comandante de ese Frente.

Según la Defensoría esta persona se encargaba de la estrategia militar sobre el río Patía.

Además de la crecida de este frente, la Defensoría confirma otro ruido que en Nariño había y era que este grupo era una extensión del jefe de las disidencias del Sur, alias Gentil Duarte, pero no da más detalles específicos.

“Esta nueva estructura, que se autodenomina FARC-EP, estaría al mando de una organización de nivel nacional a cargo de Miguel Botache Santillán, también identificado con el alias de Gentil Duarte”, dice la Alerta.

Al aumento de miembros y posible coordinación con los de Gentil Duarte se suma que los miembros del FEG ya estarían llegando hasta Balboa en el sur del Cauca.

De hecho, La Silla supo hace unas semanas por un campesino de esa zona, que ya han visto al FEG y que serían cerca de 500 miembros.

“Lo que parece es que ellos están retomando la misma ruta de las Farc que era Policarpa, Cumbitara, Leiva, El Rosario en Nariño, pasaban a Balboa, a Argelia y a Guapi en Cauca”, nos dijo la fuente de la humanitaria que no citamos por seguridad.

El principal enemigo del FEG en la zona es el Clan del Golfo -como lo llaman las autoridades a nivel nacional- o las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que estaba copando los cuatro municipios, pero el FEG los replegó hasta el municipio de Policarpa.

“Todo el municipio está afectado, hay alertas en los barrios, es visible su presencia”, según nos confirmó la alcaldesa Claudia Cabrera.

Su estrategia es hacer apariciones esporádicas e instalar personas de civil en las cabeceras quienes informan sobre la presencia de extraños o funcionarios. Las AGC quieren el control de las economías ilegales, pero según la Defensoría han mostrado interés en tener control social de las comunidades, prohibiendo a los líderes que hablen con autoridades o con funcionarios que quieran implementar programas de paz.

Esto ya ha venido pasando con amenazas a funcionarios y pobladores.

La Alerta advierte de amenazas a los integrantes de los dos consejos comunitarios afro de la zona. Son, según la Defensoría, amenazados y presionados para que reciban pagos a cambio de permitir minería ilegal.

Además, un funcionario del equipo de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) en la zona nos dijo que recibieron una amenaza de las AGC en julio a través de un panfleto con nombres de algunos funcionarios a los que declararon objetivo militar.

A su turno, la alcaldesa de Policarpa, Claudia Cabrera, nos confirmó que recibió una información de un plan para ser secuestrada aunque no sabe por parte de qué grupo.

En Cumbitara nos dijeron que los funcionarios de la Alcaldía no pueden ir a algunos sitios rurales porque ya han sido víctimas requisas y cuestionamientos de grupos armados.  
Galones de gasolina a $15 mil y mucho combustible para coca y minería

La Alerta pone en evidencia cómo la gasolina, que es el principal insumo para el procesamiento de coca, es escasa porque se desvía para usarla en el narcotráfico.

Por esta falta de combustible, el galón puede costar hasta 15 mil pesos, según la Alerta. Además llama la atención que hay varias estaciones de gasolina abandonadas que al parecer “existen en el papel pero en realidad se constituyen para otros fines”.

Esto es posible porque hay un escaso control estatal de la entrada y salida del combustible.  

“Las bombas de servicios fantasmas son las que las crean con el fin de lograr un cupo que les da un volumen máximo de consumo por el tema del subsidio. Normalmente a una nueva le dan el cupo de 10 o 12 mil galones mensuales y hay estaciones de servicio donde el combustible no llega porque ni siquiera pasa por ahí sino que se va directamente para las cocinas del narcotráfico.”, nos dijo un empresario del petróleo de Nariño que conoce de estos casos.

El desvío del combustible hace parte de la cadena de negocios ilegales que, como en muchas zonas en conflicto, también existe en el norte de Nariño.

La otra parte es la coca. Los cuatro municipios presentaron un aumento en los cultivos de coca en 2017 con respecto al 2016, según el último informe de la ONU.

Policarpa tiene 960 hectáreas; El Rosario, 765; Cumbitara, 666 y Leiva tiene 279.

Aunque son pocas en comparación con otros municipios del departamento como Tumaco (el mayor cultivador del país con más de 19 mil hectáreas), lo estratégico de esta zona es que facilita la movilidad y operatividad para los grupos y economías ilegales.

Por ahí pasa el río Patía que conecta a la cordillera con municipios de la costa pacífica caucana y nariñense, y por tierra es un un punto que conecta a los departamentos de Cauca, Putumayo, Nariño, Huila y la frontera hacia el Ecuador.

El otro negocio es la minería ilegal, aunque es un problema menor que el narcotráfico, según nos dijeron dirigentes de El Rosario, Policarpa y Cumbitara.

Lo que dice la Defensoría es que este año ha crecido considerablemente y que no hay ningún control de las autoridades. Tanto así, que incluso la maquinaria tiene instalados sus propios talleres mecánicos en lugares visibles.

Y los grupos que delinquen allá, según la Defensoría, han hecho alianzas con quienes controlan estos negocios brindándoles seguridad a cambio de tener una tajada de las ganancias.
Migrantes venezolanos: desde raspachines hasta víctimas de reclutamiento