La crisis financiera que desató la guerra de 10 meses en el Catatumbo

La crisis financiera que desató la guerra de 10 meses en el Catatumbo

Conflicto entre Eln y Pelusos sigue causando una grave crisis humanitaria en esta región del país.

La huida de miles de venezolanos por la zona de frontera de Norte de Santander no es el único movimiento forzoso que tiene sumido a este departamento en el abismo de la crisis humanitaria.

Desde hace 10 meses, una guerra por la reconquista del negocio del narcotráfico, que se libra en la espesa selva del Catatumbo, entre el Frente Nororiental de Guerra del Eln y Los Pelusos, ha causado el desplazamiento de campesinos más grande de este año en el país, cuya dimensión ha sobrepasado la capacidad económica de algunos entes territoriales.

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), en esta región se han presentado 44 eventos violentos de esta naturaleza, que han dejado por fuera de su hogar a 13.136 personas. Esto representa un incremento de más de un 800 por ciento del número de víctimas, frente a los 2.187 afectados por esta practica violenta, durante el año anterior.

El evento de desarraigo más reciente ocurrió a principios de noviembre, en el municipio de Hacarí (Norte de Santander), donde unos 1.087 habitantes de la zona rural se vieron en la obligación de abandonar sus viviendas por el recrudecimiento de esta disputa armada.

El éxodo de esta población, que se asemeja al número total de residentes del casco urbano de esta localidad, obligó a la Alcaldía a decretar la urgencia manifiesta ante la falta de recursos para atender esta situación.

Aunque esta diáspora cesó dos semanas después de haber sido originada, el gobierno local continúa acudiendo a la caridad de la Iglesia Católica y de los organismos internacionales para responder a las necesidades de 150 personas, que no han podido retornar a sus territorios por razones de seguridad.

En algunas ocasiones, el tema fue inmanejable porque ni el municipio, ni el departamento teníamos recursos y el Gobierno reaccionó casi una semana después

“Cuando llegaron estas comunidades a la cabecera municipal, nosotros ya nos habíamos gastado los 50 millones que teníamos asignados para atender una contingencia similar durante el paro armado de marzo pasado. En algunas ocasiones, el tema fue inmanejable porque ni el municipio, ni el departamento teníamos recursos y el Gobierno reaccionó casi una semana después”, indicó Milciades Pinzón Pinzón, alcalde de Hacarí.

En medio de esta medida de emergencia, el funcionario tuvo que redireccionar el dinero de rubros destinados a la inversión social y, con esto, retrasar la ejecución de algunas obras públicas como el mejoramiento de escuelas y la ampliación de vías terciarias.

La escasez de recursos para acoger a este volumen de víctimas también se vive en Ocaña, que se convirtió en el municipio receptor de desplazados del Catatumbo. Hasta allí llegó un grupo de más de 7.000 personas, provenientes de San Calixto, Hacarí, El Tarra y Convención, que son los territorios más azotados por esta confrontación.

Para la Defensoría del Pueblo, la iliquidez de los gobiernos locales para afrontar este movimiento forzoso de personas demuestra que no se acataron las advertencias contempladas en la alerta temprana de inminencia 032, emitida por esta entidad en abril, y que falló el Sistema Nacional de Atención Integral y Reparación a las Víctimas (Snariv).

En este documento, dirigido al exministro del Interior, Guillermo Rivera, este órgano del Ministerio Público exigía “adoptar las medidas necesarias para proteger y salvaguardar la vida, libertad y seguridad de la población civil en las áreas rurales y cabeceras de estos municipios”.

“El impacto de albergar esta población flotante, sumado a los más de 4.000 migrantes venezolanos, ha incrementado los índices de informalidad en las calles y la prostitución, y ha desencadenado en un problema de inseguridad que se agrava con el déficit de policías en el municipio”, aseveró Juan Pablo Bacca, secretario de Gobierno de Ocaña.

El impacto de albergar esta población flotante, sumado a los más de 4.000 migrantes venezolanos, ha incrementado los índices de informalidad en las calles y la prostitución

Frente a un clamor similar por parte del gobierno departamental, de no contar con la inversión para afrontar el reto económico de este fenómeno, la Unidad de Víctimas ya empezó a actuar en el territorio y tiene activado un plan de respuesta con donaciones de kits humanitarios para la población afectada.

En un comunicado de prensa, esta entidad del Gobierno Nacional informó que ha entregado 16 toneladas de alimento por un valor de 189 millones de pesos, y que apenas se benefició a 1.006 víctimas con estos paquetes de ayuda, compuestos por implementos de aseo y utensilios de cocina.

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