Narcos y drogas, el meridiano

Narcos y drogas, el meridiano

En el inicio del año, Mike Pompeo dejó claro que la relación y la agenda con Estados Unidos tiene un tema dominante: cultivos ilícitos y narcotráfico. 2019, año de “examen” al gobierno Duque.

No hay duda: ya lo había sentenciado el presidente Donald Trump, pero ahora lo ratifica, en el inicio de 2019, el secretario de Estado de ese país, Mike Pompeo: la relación política, económica y diplomática, y la cooperación misma con Colombia, tiene hoy un tema crucial de por medio: el control y el combate a los cultivos ilícitos y al tráfico ilegal de drogas. Parece de perogrullo, pero no lo es, porque será en este año que ambas naciones muestren, con resultados, de qué son capaces en la ofensiva contra un fenómeno otra vez en alza.

Los informes de diferentes agencias presentan cifras que fluctúan entre las 170 mil y las 210 mil hectáreas sembradas en el país. La meta, de acuerdo con las expectativas de la Casa Blanca, es que a 2023 esos sembradíos rebajen un 50 por ciento. Una tarea exigente para el gobierno de Iván Duque, que pondrá a prueba su plan antidrogas (“Ruta Futuro”) contra una empresa criminal que en 2017 obtuvo ingresos estimados en el 5 por ciento del PIB de Colombia.

En el centro de esa estrategia está la reactivación de las fumigaciones con glifosato, mediante aspersores de mayor precisión y más focalizada con el apoyo de tecnología como los drones. La pregunta está en ver qué tanta será la eficacia de la medida, que necesariamente debe estar aparejada a los programas de sustitución voluntaria, con indicadores fiables y certificaciones que corroboren la disminución de las manchas de hoja de coca en las regiones.

Áreas críticas como Tumaco en la que ahora se escenifica una nueva disputa por el control del territorio de influencia del frente disidente de las Farc Oliver Sinisterra, cuyo cabecilla, alias “Guacho”, fue abatido hace dos semanas. Pero allí —como en Catatumbo, Cauca, Chocó, Bajo Cauca y el Paramillo— hay otras bandas de reciente generación y es esa mezcla de viejos y nuevos actores ilegales, con presencia constatada de agentes de los carteles mexicanos, la que pondrá a prueba la contundencia militar del Estado y su nivel de penetración institucional para abrir y estimular economías agrarias rentables y legales para el campesinado.

Las mafias en auge no solo tienen poder militar: muestran capacidad técnica y científica para mutar la resistencia de los cultivos a la fumigación, acortar su ciclo productivo (más hoja en menos tiempo) e incluso alterar sus coloraciones para mimetizar mejor la coca entre el follaje nativo. Ello sumado a la expansión de rutas y mercados y a la sofisticación financiera de sus operaciones de lavado.

El radar y los ojos del gabinete Trump estarán sobre los avances que, al finalizar 2019, deberían mostrar que cesó la expansión de los cultivos, con leve tendencia a disminuir.

El presidente Duque no tiene alternativa distinta en ese terreno: si no reduce y empieza a desbaratar esta generación de redes y clanes mafiosos, corre riesgos: el fortalecimiento de las bandas, las disidencias de las Farc y de guerrillas históricas como el Eln, con lo que ello significa para la seguridad interna. El fracaso del Estado en el copamiento de la Colombia periférica y la incapacidad de garantizar institucionalidad para implementar los acuerdos con la Farc y cualquier otro grupo dispuesto a reinsertarse a la civilidad y la legalidad.

Y el otro gran dilema sería constatar que incluso hoy, con la exigencia de EE.UU y el reto moral mismo de la transformación del país, es una tarea perdida la “desnarcotización” de la economía —y la vida— colombiana, con lo que ello significa en el reto de romper los circuitos de lavado de activos, de corrupción y de degradación cultural en amplios sectores urbanos y rurales.

Esas 170 mil hectáreas confirmadas por la Oficina de ONU contra la Droga y el Delito (y las más que pueda haber por fuera de ese monitoreo) se convierten en “marcapasos” del gobierno Duque. Para retar a que se eleven la legalidad y la seguridad de la democracia internas, y también para la relación futura con gobiernos aliados como el de EE.UU.

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