Una denuncia del excongresista Otto Bula, procesado por Odebrecht, sería la pieza clave para armar el rompecabezas de lo que sería un nuevo cartel de la corrupción en la justicia, en el que sale mencionado hasta al exvicefiscal general Jorge Perdomo, quien asegura que es víctima de gente que usó su nombre para delinquir.
Con la captura, el pasado 8 de febrero, del secretario general de la Contraloría en Córdoba, Alfredo José Mendoza Fortich, su hermano Carlos Raúl y una fiscal local llamada Érika Tatiana Rivera, la Fiscalía abrió la puerta de lo que podría ser un cartel de la toga, pero en procesos de extinción de dominio dentro del propio ente investigativo, que al parecer cobraba millonarias sumas de dinero a cambio de liberar bienes incautados. En este negocio ya fueron mencionados el exdirector del CTI, Julián Quintana, y el exvicefiscal general, Jorge Perdomo, entre otros, según dejan ver los detalles de la investigación y de las audiencias contra los hermanos Mendoza Fortich a los que tuvo acceso El Espectador.
El punto de partida es una denuncia del excongresista Otto Bula, hoy procesado por el caso Odebrecht, del 10 de mayo del año pasado. Allí relata cómo Alfredo Mendoza Fortich lo buscó, en abril del año pasado, en la cárcel La Picota de Bogotá para preguntarle si estaba interesado en hacer negocios con él, diciéndole que podía ayudarlo a liberar varios de sus bienes en proceso de extinción de dominio en la Fiscalía. Mendoza Fortich le habría comentado a Bula que su hermano Carlos Raúl era amigo del exvicefiscal Jorge Perdomo y del exdirector del CTI, Danny Julián Quintana, quienes, según él, hacían el procedimiento para liberar los bienes incautados.
Por este arreglo, Alfredo Mendoza le pidió a Bula $6.000 millones. Ante la millonaria exigencia, Bula le dijo que solo podía dar un anticipo de $2.000 millones, que no contaba con todo el dinero. En respuesta, Alfredo Mendoza le dijo que debía hablar con Perdomo y que este ya había hablado con la entonces directora especializada de extinción de la Fiscalía, Andrea Malagón, para verificar el estado del proceso. Mendoza Fortich también le aclaró que debían hacer el procedimiento rápido y “con absoluta reserva”, ya que había un tiempo límite para recuperar el proceso, debido a que este no estaba en poder de la Fiscalía, sino que había pasado a manos de un juzgado.
Dos días después, Mendoza Fortich regresó a La Picota y, contó Bula, le aseguró que el precio mínimo por el que se podía concretar el negocio era $4.000 millones. Bula aceptó, pero pidió garantías de “que no fuera una estafa”. Mendoza le dijo que una vez pagara el 50 % de lo acordado, su abogado podría reunirse con la fiscal Malagón para llegar a una negociación. Sin embargo, era necesario que el excongresista renunciara a una pretensión que había planteado sobre uno de sus predios ubicado en Montes de María (entre Sucre y Bolívar). A cambio, Malagón supuestamente devolvería dos predios en Montería, una casa en San Antero (Córdoba), un apartamento y una casa en Cartagena y tres predios en Sahagún (Córdoba).
La explicación que se daría para devolver los bienes era que, tras análisis de la Fiscalía, se determinó que fueron adquiridos antes del escándalo de corrupción de Odebrecht en que está comprometido Bula. El proceso del predio de los Montes de María ya se encontraba en un juzgado de restitución de tierras y, por ser un bien de “mucha sensibilidad social”, no era conveniente devolverlo. Bula siguió insistiendo en que $4.000 millones “era mucha plata”, a lo que Mendoza Fortich respondió que Malagón le daría dinero a otra funcionaria de la Dirección de Extinción, otra parte iba para Perdomo y $500 millones para los hermanos Mendoza Fortich.
En la denuncia de Bula, presentada por la Fiscalía en la audiencia de imputación de los hermanos Mendoza, el excongresista aclara que su abogado —Alejandro Sánchez— no tenía conocimiento del negocio que se estaba tejiendo. Bula señaló que Mendoza Fortich, incluso, afirmó que se había reunido con Perdomo en su apartamento y en dos oportunidades más en sitios diferentes, pues al exvicefiscal no le gustaba “repetir" sitios públicos. Mendoza Fortich también le aseguró a Bula que, en las reuniones con Perdomo, este hacía guardar los celulares en un maletín para que no se grabaran las conversaciones.
En una entrevista que la Fiscalía le hizo a Bula sobre este tema, el 15 de mayo del año pasado por la tarde, el excongresista le aseguró a la Fiscalía que ese mismo día había ido Mendoza Fortich a visitarlo a la cárcel para presionarlo por la entrega del dinero. Según Mendoza, la idea era que para el jueves o viernes de esa semana Bula entregara los primeros $2.000 millones para liberar los bienes. La forma de entregar el dinero era en un carro blindado, que debía ser dejado en un parqueadero con las llaves. Allí llegaría un joven entre los 18 y 20 años llamado Santiago, que supuestamente era de confianza de Perdomo.
Al día siguiente del pago, su abogado podría llamar a la fiscal Andrea Malagón, quien presuntamente le iba a dar una cita para ponerse de acuerdo, sustentar el recurso y lograr la devolución de los bienes. Los $2.000 millones faltantes se pagarían cinco días antes de la devolución de todo. En esa misma conversación, dijo Bula, Mendoza Fortich le comentó que ese día se habían hecho “cinco negocios más”. Este diálogo fue grabado por Otto Bula en una grabadora que él tenía en la cárcel que usaba “para grabar sus memorias”. Otra prueba de confianza que entregó Mendoza Fortich fue el número personal de Malagón, el cual empezaba con los números (310) 812.
En esa misma conversación que Bula grabó, Mendoza Fortich mencionó que para lograr su objetivo también contaban con Danny Julián Quintana, exdirector del CTI durante la misma administración en que Jorge Perdomo estuvo en la Fiscalía (la de Eduardo Montealegre) y, para la época de la conversación, litigante. Luego, la Fiscalía interceptó al menos dos charlas entre Alfredo Mendoza Fortich y Quintana, aunque estas no son particularmente reveladoras. Son llamadas cortas; en la primera Quintana le dice a Mendoza Fortich que se vean para hablar y en la segunda cuadran una reunión en un Juan Valdez ubicado en el norte de Bogotá.
La segunda declaración que dio Bula sobre este tema a la Fiscalía fue el 23 de julio del año pasado. Manifestó que los hermanos Mendoza Fortich ya no querían hacer negocios con él, pues no había cumplido con los pagos. Bula les aseguró que sí quería continuar con el trato, pero que se le había dificultado conseguir el dinero. En ese momento, Alfredo Mendoza Fortich le dijo que entendía, pero que quienes esperaban la plata eran personas importantes que tenían poder en la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía y con “los gringos”. Inmediatamente, el excongresista sintió que se trataba de una amenaza y sentó su voz de protesta.
Según Bula, Alfredo Mendoza Fortich estaba bastante molesto porque consideraba que el negocio había sido una pérdida de tiempo y le dijo que se cuidara porque “le podían dañar el caminado”. En ese momento, al parecer, el negocio quedó suspendido. En julio del año pasado, la directora de Extinción de Dominio de la Fiscalía renunció a su cargo. Sobre los hermanos Mendoza Fortich, el pasado martes un juez determinó darles el beneficio de casa por cárcel, mientras siguen siendo investigados por este caso. La Fiscalía aún no se pronuncia sobre si llevará a cabo alguna investigación en contra de los salpicados en este caso.
¿Qué dicen los mencionados?
El exdirector del CTI, Danny Julián Quintana, y el exvicefiscal, Jorge Perdomo, tienen otra versión sobre sus contactos con los hermanos Alfredo y Carlos Raúl Mendoza Fortich. Ambos exfuncionarios le dijeron a este diario que los Mendoza Fortich los buscaron en nombre del exsenador Bernardo Ñoño Elías, quien les habría pedido contactarlos para que lo defendieran en el caso de corrupción de Odebrecht, en el cual el exsenador aceptó dos cargos, pidió perdón y fue llamado a juicio por dos cargos más.
El exvicefiscal Perdomo le dijo a El Espectador que conoció a Carlos Raúl Mendoza en el gimnasio al que ambos van en el norte de Bogotá y que, en una oportunidad, este le pidió revisar la petición del exgobernador Kiko Gómez de acceder a la JEP, lo cual, dice, rechazó tajantemente. Le contó a este diario que se encontró un par de veces con Alfredo Mendoza Fortich para analizar la defensa de Bernardo “Ñoño” Elías, reuniones en las que también estuvieron el suegro y el hermano del excongresista. Sin embargo, expresa al unísono con Quintana, no se pudo llegar a ningún acuerdo debido a los honorarios. En esas reuniones participó también el exfiscal Eduardo Montealegre.
Quintana, por su parte, muestra además en su defensa un documento que le remitió el 6 de noviembre de 2018 el fiscal que maneja esta investigación, Daniel Hernández. Era la respuesta a un derecho de petición que envió porque, dice él, le habían llegado “rumores” de que podía haber algo en su contra en la Fiscalía. “Revisando los registros de las noticias criminales”, dice el documento, “(este despacho) no adelanta investigación alguna con su nombre”.
Finalmente, este diario intentó comunicarse varias veces con la exdirectora de la Unidad de Extinción de Dominio, Andrea Malagón, para obtener respuesta sobre estas menciones en su contra, pero, a pesar de las múltiples llamadas, chats y mensajes de voz, al cierre de la edición no hubo respuesta alguna. Tanto Perdomo como Quintana aseveraron que pedirán ser reconocidos como víctimas en el proceso, pues consideran que los Mendoza Fortich usaron sus nombres de manera indebida para cometer actos ilícitos. Dicen que cuentan con todas las pruebas para demostrar que nunca han tenido ningún tipo de relación con ellos.
Las pruebas
Durante las audiencias reservadas contra los hermanos Mendoza Fortich, la Fiscalía reveló más de 35 interceptaciones que tiene en su poder sobre conversaciones entre los hermanos, y algunas de ellas, con el exdirector del CTI Julián Quintana. El Espectador publica algunas de las interceptaciones a los implicados.
