La desmesura de los indígenas en sus exigencias al Gobierno Nacional pisotea los derechos de los demás colombianos que dependen de la Panamericana. Debe haber sensatez y, con ella, solución.

El bloqueo indígena en la Vía Panamericana no les conviene ni a los indígenas, que ahondan sus posturas radicales y desconectadas de la realidad socioeconómica del país; ni al Gobierno Nacional, que tiene deudas seculares con esa región y sus comunidades (Cauca, Valle y Nariño), ni por supuesto a los cinco millones de ciudadanos alcanzados por los coletazos del paro en el amplio espectro de la vida productiva y cotidiana, reventada por la escasez.

Más que escoger orillas en medio de esta coyuntura con casi tres semanas de iniciada, se trata de ubicar cuáles son los reflectores y las señales que pueden dar paso al entendimiento y a la superación de una crisis ya recurrente en la historia de esa amplia esquina de Colombia.

Los indígenas están desencadenando una crisis de múltiples órdenes: de desabastecimiento de combustibles, víveres, medicinas, transporte y caída del turismo y el tráfico ocasional de pasajeros por esas rutas. Pero también de asfixia a la salida de productos al exterior: la leche, la papa, la panela, y una lista amplia de hortalizas y frutas.

La postura de los indígenas, que no ofrece por ahora opciones de transigir, les cierra el paso a las dinámicas locales de las que ellos hacen parte: el estudio de niños y adolescentes, las faenas de la agricultura parcelera y agroindustrial, el comercio —que incluye su producción— y la conectividad de la amplísima región en la que ellos son actores sociales de primer orden.

¿Será que este paro prolongado no lo tendrán que pagar ellos también en las cuentas y balances finales del año? ¿Las pérdidas y ganancias regionales no los incluyen a ellos con una vía cerrada en una cerrazón autodepredadora?

Lo otro es el reto al Estado y a los demás ciudadanos: Colombia no puede ser más el blanco de las vías de hecho ni acostumbrarse a ello. Ni por parte de grupos armados ilegales, que paralelamente vienen atacando “objetivos oficiales” durante estos días en los alrededores de la Panamericana, ni por parte de grupos étnicos, sociales o culturales que, aunque de manera legítima se movilicen y reclamen derechos, están lejos de la convalidación general de la opinión pública para convertirse no solo en jueces implacables de su realidad sino de la de los demás colombianos.

Los indígenas reclaman tierras prometidas por otros gobiernos, pero deben asumir la complejidad y lentitud de procesos que para otros segmentos (y minorías) de la población llevan tiempos pacientes y a veces, incluso, infructuosos. La fuerza, el bloqueo, no deben ser el ejemplo de solución a las reclamaciones-contestaciones entre Estado-ciudadanos de una nación contemporánea, moderna.

Todo ello sin dejar de decir que la minga, que la protesta indígena, debe desembocar en el trazado de una ruta gubernamental definitiva de acción, en el calendario, en obras e inversiones, para las etnias y organizaciones tribales, sociales y políticas que se desprenden desde el Gran Macizo Colombiano en el Sur. Hay que encontrar el camino a la resolución definitiva de los conflictos que, de lustro en lustro, traen estos reclamos incendiarios de la “nación indígena”, pero también esos trastornos y pérdidas para la Colombia híbrida, mestiza, mayoritaria.

Cada carga en su canasto: el paro no tiene presentación. Ni por sus daños para todos y su dimensión de diálogo imposible de explorar. Son la presencia del Estado y la concertación con los manifestantes, no la cita impuesta al Presidente, las que resolverán un caos irresistible e inaceptable.