Los tropiezos de la JEP no han sido solo los legales, sino los internos que se reflejan en falta de transparencia. Todas las hojas de vida de sus miembros y contratistas deben publicarse.

Tropezón tras tropezón. La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) no lo ha tenido fácil en su andadura para poner en marcha y aplicar ese sistema de justicia transicional pactada en La Habana entre el anterior Gobierno y las Farc y que, con una propaganda que rozó el despropósito, se presentó como “un ejemplo para el mundo”.

El ejemplo para el mundo amenaza con volverse un bochorno institucional colombiano si no se ponen serios y reconducen la forma en que están nombrando a su personal y seleccionando contratistas externos. Al igual que en otras entidades, hay rastros de amiguismo, pago de favores y lavados de manos en un “peloteo” de responsabilidades que los unos descargan en los otros, valiéndose de la particular conformación de la estructura burocrática de ese cada vez más macrocefálico ente.

Es verdad que a la carencia de credibilidad por sus falencias internas se suman las provenientes de factores externos, siendo el mayor de ellos la incertidumbre normativa y la dispersión de los criterios rectores de actuación. Estos parten del Acuerdo Final con las Farc, siguen con los actos legislativos aprobados por fast track, y las sentencias de la Corte Constitucional actuando, más que como tribunal de constitucionalidad, como legisladora sobreviniente.

Esa ausencia de certeza en el corpus legal aplicable es el que ha llevado a que en el trámite para definir la extradición o no a Estados Unidos del exguerrillero de las Farc conocido como “Jesús Santrich”, la sala correspondiente de la JEP haya asumido competencias más allá de las contenidas en el acto legislativo que incorporó a la JEP a la Constitución.

Todavía está pendiente de sanción presidencial la ley estatutaria de la JEP. El presidente Duque ha dicho que se tomará el tiempo necesario para estudiarla y, eventualmente, objetar por inconveniencia algunas de sus disposiciones.

En tanto, se produce el hecho ya conocido por el país, de la captura de un fiscal auxiliar de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP en momentos en que, según la Fiscalía General de la Nación, recibía 460 mil dólares en efectivo para incidir en el trámite de extradición de Santrich.

Ayer continuaban las audiencias de formulación de cargos al fiscal capturado y a otras personas, entre ellas el exsenador Luis Alberto Gil, con prontuario de antecedentes y condenas por delitos varios.

Se conoció que el fiscal capturado tenía vínculos con grupos políticos muy identificados. La presidenta de la JEP, Patricia Linares, pidió al director de la Unidad de Investigación y Acusación que nombró al cuestionado personaje que divulgara las hojas de vida de sus funcionarios. Y éste le contestó que lo haría, pero que eso tiene que hacerse con todos los miembros de la JEP. Y así debe ser.

La Fiscalía deberá acreditar que los elementos probatorios son suficientes para predicar que había un fiscal de la JEP incurriendo en conductas delictivas. Aunque se declare su culpabilidad, no puede generalizarse y meter bajo el mismo saco de sospecha a fiscales y magistrados que sí quieren cumplir con las finalidades de la justicia transicional.

La JEP, no obstante, tiene defensores que llegan incluso a sostener que de ella depende la paz. Pero más que eso, lo que pedimos los colombianos es que sus miembros se concentren en hacer lo que les corresponde y en asegurar que quien allí trabaja no sea ni cómplice ni aliado de aquellos a quienes tienen que investigar, juzgar y sancionar.