El proyecto de reforma constitucional radicado por el Gobierno ya está en la mitad de su trámite legislativo

A toda marcha se tramita en el Congreso el proyecto de acto legislativo promovido por el Gobierno que busca determinar que los delitos de secuestro y aquellos asociados con el narcotráfico no puedan ser entendidos como conexos a los políticos y por ende, no sujetos de tener amnistía o indulto, a través de la adición de dos artículos a la Constitución.

La iniciativa en el primer periodo de legislatura logró ser aprobado en cuarto debate, por ello EL NUEVO SIGLO consultó con los ponentes de la propuesta, si es posible que su aprobación se dé antes de terminar este segundo periodo.

Coalición

Para el representante por Bogotá, Edward Rodríguez, del Centro Democrático, uno de los ponentes, sí es posible que sea aprobado antes del 20 de junio y aseguró que “esperamos que el país se una alrededor de decirle no más al secuestro, no más al narcotráfico como delito político”.

En este sentido, dio a conocer a este Diario que, respetando lo acordado en La Habana, “se va a promover una política donde los que trafican drogas, los que traqueteen, los que secuestran y le quitan el bien más preciado a los ciudadanos que es que la libertad, pues sean judicializados”.

El legislador señaló que lo que el Gobierno busca con este proyecto es que en el futuro ningún grupo armado al margen de la ley, como el Eln pueda ser ni indultado, ni amnistiado a través de alguna jurisdicción especial, “tendrán que pagar vía ordinaria por sus delitos de narcotráfico y secuestro”.

Por su parte, el senador Santiago Valencia, de la misma bancada y quien fue ponente en el Senado, le manifestó a este Diario que faltan cuatro debates, para los cuales se tiene todo este semestre. “Esperaríamos que sí, que salga ya aprobado”, dijo.

Frente a la asignación de ponentes sostuvo que es una decisión de la mesa directiva. “Yo espero seguir siendo el ponente pero por supuesto, si asignan más estaría bien, pero eso es algo que decide la mesa directiva”.

Al igual que Rodríguez enfatizó en que no habría posibilidad de dejarlo para la próxima legislatura, debido a que “quedaría hundido y tocaría volverlo a presentar después del 20 de junio”.

Oposición e independientes

Desde la oposición, también surgieron reacciones por la prisa con la que se ha tramitado la iniciativa. Una de sus mayores detractoras, la representante Ángela María Robledo, de la Colombia Humana, le manifestó a EL NUEVO SIGLO que por ser una reforma a la Constitución “pondría en riesgo las negociaciones futuras con grupos como el Eln”.

Robledo argumentó que esta medida le parece “una amenaza” y “es una expresión más de la poca voluntad que tiene Iván Duque de mantener este proceso de paz actual y de abrir espacios de negociación con la guerrilla del Eln”.

En cuanto a su aprobación afirmó que va a estar “muy difícil el ambiente para el Gobierno”, en donde señaló que no solo “enrarece” este escenario sino el internacional, debido a que el presidente Iván Duque en varios escenarios aseguró que iba apoyar la implementación de los acuerdos con las Farc y aunque siempre tuvo reparos frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), “nunca creímos que se iba a atrever a enfrentar este choque de trenes con el Congreso en parte y con la Corte Constitucional”.

En este sentido, la congresista sostuvo que el mensaje que está dando el Gobierno es que no existe conflicto, “si no hay conflicto político no hay delito político, sino no hay delito político pues, no existe conexión con el narcotráfico” y agregó que esta es la posición tanto en el Congreso como en sus leyes y frente a toda la institucionalidad que “poco a poco” se iba fortaleciendo en pro de la paz.

“Es decir, esta es una promesa de volver a la guerra, de volvernos a un pasado del que quizá pensábamos que estábamos saliendo”, añadió.

Sin embargo, Robledo sostuvo que a pesar del panorama “nublado” que se refleja no solo en el Congreso sino en el país, se debe esperar cómo se desarrolla este trámite en el Legislativo.

A su vez, el representante por Bogotá, Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, le expuso a este Diario que todos los actos legislativos que lograron llegar “vivos” al 16 de marzo, tienen el tiempo para pasar. Sin embargo, señaló que este segundo periodo legislativo es más corto, por lo que los proyectos tendrán que ser más expeditos de lo que fueron en los primeros seis meses.

Losada resaltó que de no ser así, las iniciativas tienen “el riesgo de hundirse”, por lo que “va a tocar correr”, pero en el de delitos conexos en especial, sostuvo que este tiene el aval del Gobierno, motivo por el que va a tener el privilegio de ser más expedito en la agenda de las comisiones.

El congresista liberal señaló que en la primera vuelta del proyecto lo votó en contra, posición que tomará en la segunda, debido a que “me parece que es un traspiés para poder realizar nuevos acuerdos de paz con grupos ilegales que hayan utilizado el narcotráfico como una forma de financiación de su actividad, cuando ellos son una actividad política a través de las armas”.

Asimismo enfatizó en que esta medida está destinada a “acabar” el proceso con el Eln, cuando la idea sería recuperar los diálogos con el este grupo armado ilegal.

Losada hizo un llamado al Gobierno de “dejar de ponerle tantos palos en la rueda a la paz”.

“Ya el Presidente de la República suficiente daño le hará al proceso de paz objetando parcialmente la ley estatutaria de la JEP, ya le han hecho suficiente daño a la paz rompiendo los diálogos con el Eln. Yo creo que ahora no hay que terminar de cerrar esta puerta que es importantísima”, concluyó.