Caso ‘Santrich’ y separación del derecho y la moral

Caso ‘Santrich’ y separación del derecho y la moral

La negociación con las Farc socavó el acuerdo moral constitutivo de la sociedad.

Para un ciudadano corriente, lo que ha pasado con alias ‘Santrich’ puede ser legal, dado que han decidido autoridades de justicia, pero no es moral, no es lo que él mandaría con su sentido del bien y del mal.

Nos enseñaron que el derecho es instrumento principal de la moralidad. Si alguien mata a otro ser humano, incurre en el mal y la sociedad se vale del derecho para sancionar el crimen y mantener el orden moral.

La religión da sentido trascendente a los fundamentos del orden moral que sustenta la conformación de una sociedad y todo lo demás es evolución, a la que el derecho se va adaptando. (Los activistas progresistas del constitucionalismo prefieren, claro, forzar la evolución).

En Colombia, sin embargo, hemos asistido a una bifurcación de la moral y el derecho por la vía de la política y la ideología, que es más grave que la politización de la justicia.

Que alias ‘Santrich’ haya cometido numerosos crímenes e incluso uno grave después de un pacto de no repetición y que su cómodo destino sea el Congreso de la República causa una profunda perplejidad moral y política en la población.

Quienes son responsables políticos e intelectuales de este trastorno de valores que permite premiar el mal apelan a una razón moral y ética: salvar vidas al parar mediante acuerdo el enfrentamiento armado de unos grupos contra el Estado y la sociedad.

La promesa de salvar vidas es la forma de buscar mantenerse dentro del orden moral de la sociedad. Sin esa justificación sería inmoral plantear la justicia transicional. El problema de la promesa de salvar vidas, no suficientemente discutido, es que dependiendo del acuerdo se salvan unas vidas y se matan otras.

Se nos dijo que “el precio de salvar vidas” incluía concederles a las Farc un tratamiento determinado de los cultivos de coca, que los incrementó a más no poder, con la consecuencia de exacerbar condiciones que están matando muchas vidas.

El ELN sigue asesinando porque sabe que se pagará un precio por salvar vidas. Es incomprensible en la escala de valores de la sociedad lo que está pasando, aún en los mismos términos de quienes nos han conducido a que lo legal no sea moral.

La perplejidad política de la población se deriva de cómo el triunfo del NO en el plebiscito de 2016 y del candidato presidencial que prometió corregir el acuerdo con las Farc no han asegurado un mínimo de confluencia entre los valores y principios de la inmensa mayoría y el derecho que se negoció con las Farc.

Los colombianos no logran entender que sean legales las decisiones de la JEP o de las Cortes si van contra el sentido común moral. Si votaron contra la impunidad y ven lo que se dijo que no ocurriría: congresistas de lesa humanidad. Es un tiempo anómalo el que vivimos.

El distanciamiento entre las élites intelectuales y el pueblo se ha traducido en una separación entre el derecho y la moral, al punto que conspicuos voceros de la intelectualidad dominante en los medios solo hablan del caso ‘Santrich’ en términos legales y no morales. Es un tiempo anómalo que necesita resolución.

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