Gobierno, a defender su iniciativa

Gobierno, a defender su iniciativa

Hace bien el presidente Duque al acatar los fallos judiciales, así le disgusten profundamente. El Gobierno debe ejercer su iniciativa en el Congreso e impulsar las leyes de ajuste a la JEP que prometió.

Pese a que las decisiones tomadas por dos de las altas cortes, el pasado miércoles, significaban algo más profundo que simples contrariedades para su Gobierno, el presidente Iván Duque reaccionó de forma serena, si bien reiterando sus posiciones ante uno y otro caso, derecho que también le asiste, correlativo a su papel institucional de acatar las decisiones judiciales.

Por la mañana, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, ordenó la libertad del exguerrillero de las Farc alias “Jesús Santrich”. Motivó su decisión en una medida previa del Consejo de Estado que sostuvo que “Santrich” es representante a la Cámara, así no haya tomado posesión de la curul por estar preso. Como parlamentario tiene fuero constitucional, y las medidas restrictivas de libertad solo pueden ser pedidas y decretadas por la Corte Suprema.

La libertad de “Santrich” es un hecho chocante, que ofende a las miles de víctimas de las Farc que, aparte de los delitos que sufrieron en carne propia, se vieron sometidas a la humillación de las burlas que el mismo “Santrich” les dedicaba desde La Habana en medio de la celebración de sus camaradas de militancia.

Sin embargo, no puede decirse que la decisión de la Corte Suprema de ordenar la libertad del exguerrillero -que puede ser provisional-, sea ilegal o que haya sido tomada con propósito de torcer las normas vigentes. Puede disgustar profundamente, incluso acrecentar la sensación de impunidad. Pero hay que tener en cuenta que el proceso penal contra “Santrich” deberá continuar y ya no en la JEP -por lo menos el que hace relación con los cargos por narcotráfico- y se supone que su expediente deberá ser tramitado no solo con celeridad sino con imparcialidad. También la Corte Suprema decidirá si procede su extradición a Estados Unidos, y allí habrá que estar pendientes de si la Corte Suprema también opta por aplicar ese principio “Pro paz” esgrimido por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), según el cual la mejor manera de garantizar “la paz” -no solo el acuerdo con las Farc, sino el valor supremo de la paz, ni más ni menos- es que los jefes de las Farc no sean extraditados así hayan delinquido con posterioridad a la entrada en vigor de los acuerdos firmados con el gobierno anterior.

La segunda decisión fue de la Corte Constitucional, de declarar que la votación en el Senado sí constituyó mayoría suficiente para rechazar las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. En una confusa declaración, el magistrado Antonio José Lizarazo -exasesor del Gobierno Santos en la etapa final de las negociaciones con las Farc en La Habana- intentó explicar los motivos de la decisión. No tuvo la claridad jurídica necesaria para transmitir un cabal entendimiento de sus razones y habrá que esperar el texto del fallo para dilucidar sus alcances, así quede claro que al presidente Duque le corresponderá sancionar la ley estatutaria de la JEP.

El Gobierno acata la decisión, no podría ser de otra forma, y en ejercicio del mandato que recibió en las urnas -derivado de las propuestas electorales del entonces candidato y hoy presidente Duque- intentará, ya por vía directa de iniciativa legislativa, reformar aspectos de la JEP que no casan con un mínimo sentido de la justicia.

Así se avizore como un proceso desgastante, lo que no se puede pretender es que el Gobierno y sus bancadas se abstengan de presentar los proyectos que consideren necesarios para cumplir sus programas, entre los cuales está hacer ajustes en el sistema de justicia transicional.

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