Con panfletos aumenta la zozobra en la región, que concentra el 65 % de la deforestación nacional.
Esta semana salieron a la luz pública las intimidaciones hechas por las disidencias del grupo guerrillero de las Farc-EP a líderes ambientales y sociales que trabajan en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta, los más deforestados del país.
“A partir de este momento son objetivo militar de nuestros hombres. Hoy más que nunca las guerrillas de las Farc seguimos luchando frente al modelo de opresión del gobierno colombiano y sus aliados estratégicos”, dice uno de los panfletos.
“Este comunicado va dirigido a todos los líderes comunales, ambientalistas, ONG, asociaciones, cooperativas y fundaciones del Estado, que desarrollen actividades con comunidades, niños y jóvenes de los municipios de San José, Retorno, Calamar y Miraflores”, dice otro.
En la zona están trabajando organizaciones como el Instituto de Investigación Amazónica (Sinchi), ONF Andina, GEF Corazón de la Amazonia, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico -CDA-, Visión Amazonía y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), entre otras.
Las denuncias sobre el negocio ilegal de acaparamiento de tierras que se está adelantando en la Amazonia tienen revuelto el ambiente en el territorio. De acuerdo con el último informe del Ideam, en 2017 esta región concentró el 65,5 por ciento de la pérdida de bosque nacional. En total, se arrasaron con 144.147 hectáreas.
Los motores siguen siendo los mismos: praderización, cultivos de uso ilícito, infraestructura de transporte, extracción de madera, ganadería extensiva y extracción ilícita de minerales. Sin embargo, se destacan la ocupación de baldíos, los desafíos del proceso de paz, las quemas y los intereses perversos detrás de la especulación de la tierra.
La comunidad local todavía no sabe si estos panfletos son reales o no. Hay un clima de tensión por la falta de seguridad en la zona.
En entrevista con EL TIEMPO, el director de la CDA, César Humberto Meléndez, ya había denunciado las constantes amenazas a las que los funcionarios de la autoridad ambiental se ven enfrentados durante sus labores en campo.
"Del personal que tenemos en campo, ya hay dos que están amenazados directamente, con nombre propio. Los grupos residuales dicen: ‘Cuando vengan, cójanlos, amárrenlos o mátenlos, y digan que somos nosotros’", señala.
En otro de los panfletos, con fecha del 30 de mayo, se anuncia una “limpieza social y plan pistola” contra guardabosques, “todo aquel que se acogió al programa de sustitución de cultivos ilícitos”, y la comisión de la ONU “que esté en nuestra área”. Concluyen diciendo: “No queremos hacerle daño al pueblo colombiano, pero nuestra inteligencia ha logrado identificar que los diferentes programas de la región se están prestando para un juego muy peligroso donde sus líderes están echando al pueblo guaviarense de enemigo a la Farc. Sus vidas corren peligro. Muerte a los traidores”
