El asesinato de dos lugareños, el minado de las zonas rurales y un secuestro llevaron a los habitantes de ese corregimiento a pedirle explicaciones a la insurgencia. También le piden al Estado frenar la militarización de los cascos urbanos y retomar los diálogos con ese grupo armado.
La sociedad civil del corregimiento de Micoahumado, en Morales (sur de Bolívar), ha dado varias lecciones de paz, aunque le ha tocado vivir en medio de la guerra. La presencia del Eln en ese territorio data de los años 60. Por eso, a la comunidad le ha tocado aprender a vivir en medio del control de los armados. Sin embargo, hechos recientes llevaron a que cinco organizaciones sociales expresaran su rechazo a acciones de esa guerrilla y le pidieran explicaciones a la insurgencia, por medio de una misiva que conoció Colombia2020.
El primer hecho que los habitantes de Micoahumado repudiaron fue el asesinato de Belisario Arciniegas. Narciso Veleño, representante legal de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (una de las organizaciones que suscribió la carta), cuenta que Arciniegas llegó al corregimiento hace unos 10 años, luego de prestar el servicio militar y enamorarse de una lugareña. Junto a su compañera tenían una finca y una tienda, con las que subsistían. Arciniegas también era visto como un líder social: “era un muchacho muy juicioso, muy colaborador en el tema social”, relata Veleño. El líder incursionó en la política electoral, se lanzó al consejo y días antes de que lo asesinaran había ganado una consulta entre varios candidatos.
Pero no alcanzó a participar en los comicios de octubre. El 7 de mayo dos hombres lo interceptaron cuando iba en una moto desde el casco urbano hacia su finca en compañía de su esposa. Le dijeron que necesitaban reunirse a solas con él, por lo que le pidió a ella que siguiera hacia la parcela. Así lo hicieron, pero la mujer sólo alcanzó a avanzar unos metros antes de escuchar dos disparos. Belisario yacía muerto a unos metros del camino. “Hemos hecho todos los esfuerzos habidos y por haber para que nos den una explicación, pero no ha sido posible”, asegura Veleño.
La comunidad no había hecho el duelo por su líder asesinado, cuando la violencia les dio otro golpe. El 10 de mayo Wilmar Carvajalino, quien se crio en Micoahumado, manejaba una camioneta de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar junto con el fiscal de esa organización. Los bajaron del vehículo y le propinaron varios disparos al conductor. En la región señalan al Eln de cometer ambos homicidios. “Hoy los llamamos desde nuestro proceso organizativo, a que se dé una respuesta pronta y clara frente a las acciones que se vienen realizando contra la población civil”, quedó consignado en la carta que los pobladores le dirigieron a la insurgencia.
El secuestro de un habitante también genera preocupación. A Rodrigo Sánchez, quien pertenece a la Asociación de Mineros de Minafacil Mocha, se lo llevó el Eln asegurando que lo iban a retener porque lo estaban “investigando”. Hasta ahora, la comunidad no sabe de qué se trata la investigación y piden que sea liberado.
Otro tema que les preocupa es que la guerrilla estaría minando de nuevo algunas zonas del corregimiento. Según cuenta Veleño, están apareciendo avisos con la bandera y las siglas Eln en los que anuncian que hay campos minados. Ese hecho significa un retroceso en la historia de Micoahumado. En el 2003 los lugareños adelantaron un proceso de desminado humanitario junto con la Iglesia Católica luego de que la insurgencia instalara minas en medio de una cruenta guerra con las Autodefensas Unidas de Colombia, las que intentaron apoderarse de la región durante los primeros años de este siglo. Se han adelantado “acciones de minado en lugares donde se pone en grave riesgo a la población y que han generado un gran impacto ambiental en zonas vitales, donde esta venía haciendo grandes esfuerzos de reforestación”, dice la carta.
Pero esa guerrilla no es el único actor del conflicto que tiene molestos a los habitantes del corregimiento. El 7 de marzo en medio de un operativo de del Ejército fue asesinado José Dolores Sánchez Quintero, de 27 años. Los testigos cuentan que el poblador estaba jugando un partido de fútbol cuando los uniformados empezaron a disparar. En los hechos otra persona resultó herida. En un comunicado oficial, la Fuerza Pública aseguró que se había tratado de una operación contra el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del Eln. Por eso, en Micoahumado califican el asesinato como un falso positivo. “Los hechos escritos anteriormente serán materia de investigación por parte de las autoridades disciplinarias, penales militares y ordinarias competentes a quienes se les prestará todo nuestro apoyo con el fin de esclarecer”, concluyó la comunicación del Ejército.
“La Fuerza de Tarea Marte nos dijo que se trataba de un error, pero no entendemos cómo pueden cometer un error disparándole a personas que están jugando un partido de futbol”, recrimina Veleño. Ese asesinato también quedó consignado en la carta. Dicha unidad militar, compuesta por 4.800 efectivos, llegó a la zona en enero del 2019 para tomar el control. “Le pedimos al Gobierno que retire a los militares de los cascos urbanos de la Serranía de San Lucas y que saque a la población civil del conflicto, que no nos vean como enemigos”, enfatiza Veleño, quien también insiste en que se reactive la mesa de diálogos entre el Estado y la insurgencia.
Los habitantes de Micoahumado esperan respuestas por parte del Eln. “Les pedimos que nos den una explicación valida de los hechos porque nuestra bandera es la lucha por la vida y la permanencia en el territorio. Nadie le puede quitar la vida a nadie”, enfatiza Veleño. Además, buscan que el Estado escuche el clamor de quienes por años han padecido la guerra y creen que la solución es el diálogo.
